El cierre se produce tras casi dos años de indagación y se enfrenta a una pena de más de 23 años de cárcel.
La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, dijo que ahora es el tribunal que debe fijar una audiencia de preparación de juicio oral.
Además de penas de prisión, el ente persecutor también solicitó multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
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